Chihuahua y la nueva justicia penal

Alicia Bello Basilio / Ernestina Álvarez Guillén

Como algo inédito en la impartición de justicia en el país llegó el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Justicia Penal de Chihuahua, calificado por el gobernador del estado, José Reyes Baeza Terrazas, como un paso firme hacia una región más segura en la que se impartirá la justicia de forma efectiva y transparente.
Cabe señalar que la iniciativa culmina con el rezago legal en el estado, que en algunas zonas era de 40, 50 y hasta 60 años.
En Chihuahua, el 90 por ciento de los casos en los juzgados penales son motivados por delitos menores. El proyecto prevé queestos casos se resuelvan ahorasin necesidad de llegar a un juicio, sino mediante figuras alternativas de mediación como son los jueces de garantía. La idea es, al mismo tiempo que abatir el rezago judicial, que los jueces de lo penal tengan más tiempo para atender los juicios derovados de delitos graves como homicidios, secuestros y abusos sexuales, pero desahogando a través de procesos orales.
La reforma nace como un clamor de empresarios, obispos, dirigentes de organizaciones religiosas y políticas de la entidad, así como de senadores, diputados, embajadores, cónsules, propietarios de medios de comunicación y líderes sindicales que demandan tener una justicia rápida, eficiente, imparcial, accesible, pero sobre todo transparente y con absoluto respeto a los derechos humanos.
El proyecto de reforma al sistema de justicia del estado cuenta con la aprobación previa del representante regional de la Oficina contra la Droga y el Delito para México y Centroamérica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Vila del Castillo, quien considera que se trata de una muestra de la voluntad de la autoridad estatal para crear un Chihuahua más seguro a partir de una mejor impartición de justicia.
Sobre el tema, el representante de la ONU también ha afirmado que al trabajar de forma coordinada, los tres poderes del estado, incluidas las diferentes corrientes partidistas representadas en el Congreso, reflejan una gran voluntad política expresada en el hecho de anteponer el beneficio de la entidad a los intereses de grupo; todo un ejemplo a nivel nacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en voz de su titular, José Luis Soberanes, consideró que al concretarse, la reforma integral al sistema de justicia del estado permitirá a la población ejercer el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, atacar la impunidad y asegurarse de que la víctima sea resarcida en sus derechos.
Al señalar que en la mayoría de los casos la víctima es “el patito feo” en el proceso penal, porque no se le reconocen derechos ni participación, y que el Estado la hace doblemente víctima, el ombudsman nacional destacó el hecho de que el proyecto de reforma penal de Chihuahua, incluya la pretensión de darle una participación protagónica al afectado por un delito, Más aún, Soberanes hizo votos porque lo que ha iniciado en Chihuahua se convierta en un ejemplo de alcance nacional.
Soberanes no es el único que apuesta por que el camino tomado en Chihuahua sea imitado en otras entidades federativas. Durante el evento celebrado en la capital del estado más grande de Méxioco, en el mismo sentido se expresó el abogado penalista Alberto Morales.
Y aunque hay quienes afirman que el proyecto parece estar dirigido únicamente a evitar la posibilidad de que un acusado resulte absuelto, otros especialistas, como Víctor Carranca, destacan que la iniciativa no sólo busca proteger a la víctima del delito, sino también salvaguardar las garantías constitucionales del acusado porque en un juicio oral y público, este podrá conocer al juez y a quienes lo acusan, además de que permitirá que el juzgador actue como un tutor en la etapa primaria, fungiendo como juez de garantías, para controlar determinados actos del Ministerio Público que puedieran trastocar los derechos humanos tanto del inculpado como del ofendido. Entre otras cosas, con el sistema oral se haría efectiva la garantía de la presunción de inocencia hasta en tanto no se pruebe plenamente su responsabilidad, en tantas ocasiones citada y tan pocas veces cumplida a cabalidad, pero sin perjuicio de emplear medidas cautelares para evitar la evasión del presunto responsable, entre ellas la prisión preventiva.

(Con información de José Luis Rodríguez)


*Publicado en la revista Cambio año 5 no. 194 del 15 al 21 de enero de 2006